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La dificultad para renovar estructuras y estrategias es un desafío generalizado que afecta a casi todas las instituciones contemporáneas de nuestro país. Ya sean organizaciones sindicales, empresariales, políticas, religiosas o deportivas, el apego a los protocolos y procedimientos identitarios que durante años organizaron la pertenencia las recorre de modo transversal. Un apego que parece más fuerte que la necesidad de “cabalgar la evolución”. Y es por eso que, en muchos casos, prevalece una suerte de devoción corporativa, con más afición a la institución y a sus estructuras que a sus bases, consolidadas o potenciales. Una fidelidad robotizada que produce más devotos de Roma que del cristianismo. Los rezos mecánicos de una iglesia donde entran cada vez menos feligreses.
En el ámbito sindical, esa inercia institucional se hace más palpable al contrastar con la rápida transformación del mundo laboral: automatización, teletrabajo, aumento de la informalidad, plataformas y la digitalización de la vida cotidiana. A pesar de esto, la CGT ha comenzado a mostrar movimiento —al menos administrativo — con la renovación de su cúpula y la asunción de un rol de responsabilidad que la dirigencia política, reacia a modernizarse y carente de orientación estratégica y objetivos nacionales delineados, a menudo elude. Por lo tanto, ante un presente lleno de angustias crepusculares y demandas inorgánicas, es prudente no depositar en las organizaciones sindicales la expectativa de resolver problemas estructurales que la política no ha sabido o querido abordar.
Es que existe un rasgo esencial que todavía titila en la sociología sindical: la sintonía , siempre tensa, entre la organización y el sentir del trabajador se ajusta mejor que en los partidos políticos. Esto se debe a que el sindicato, a través de sus delegados y delegadas, convive con quienes representa. No es una entidad que «baja» del ámbito académico al territorio laboral, sino que reside en él. En esa alquimia de problemas concretos, decisiones específicas y efectos inmediatos, la organización sindical se resguarda un poco mejor de la teatralización constante de la política. Por ello, cuando el movimiento obrero acelera la marcha o clava los frenos y para, su capacidad para hacerse notar en la vida productiva resulta mucho más palpable que la fotografía de un diputado o diputada en pose instagrameable frente a un cordón policial.
El ecosistema político argentino carece de simplicidad. La persistencia del anticegetismo —etapa superior del antisindicalismo— es un flagelo de décadas y no se explica únicamente por la incomprensión o por el impacto del show mediático y digital o por los propios desatinos de las centrales obreras, sino también por el accionar de algunos dirigentes políticos que, con entusiasmo, alimentaron los prejuicios de cierto progresismo pequeño-burgués. A esto se añade un anticegetismo más llano, el de los trabajadores precarizados que jamás contaron con obra social ni con un delegado que los respaldara, y que perciben la sigla CGT como algo ajeno, distante, o incluso directamente hostil. Este cóctel —dirigencias complacidas con su propio estatus, sectores progresistas fascinados con la crítica fácil a «la burocracia» y al inmovilismo, y frustraciones materiales acumuladas— es el caldo de cultivo donde hoy fermenta gran parte del rechazo hacia los sindicatos.
Incluso con sus zonas opacas, el sindicalismo sigue siendo el modo organizativo mayoritario de los trabajadores argentinos: unas 3.500 organizaciones con convenios que protegen los derechos de alrededor de 10 millones de personas y garantizan la salud de casi 20 millones tras décadas de deterioro de la asistencia pública. El vínculo más próximo con el mundo del trabajo sigue siendo la trama de más de 70.000 delegados y delegadas de base que, todos los días, ponen el cuerpo frente a abusos patronales en todo el país y sostienen redes de ayuda mutua, cultura, capacitación laboral y turismo social.
No obstante, este presente complejo exige al movimiento obrero organizado tener una mirada honesta sobre el mundo real. El modelo sindical argentino, aunque todavía despierta interés por su excepcionalidad, se encuentra en el centro de un intenso debate. El cuestionamiento a su sostenibilidad deberá generar los anticuerpos para responder una pregunta crucial: con un mundo del trabajo mutando aceleradamente, ¿Cómo puede el sindicalismo evolucionar hacia un modelo en el que recupere el protagonismo que la época actual exige?…
Claro, en este tiempo la tarea de gobernar ya no se limita a “crear trabajo”, sino a algo mucho más complejo. No existe un “punto de apoyo” homogéneo, ni un discurso único con el cual persuadir. La matriz sociocultural del país ha sufrido profundas modificaciones desde el quiebre que implicó la dictadura cívico – militar a la fecha. El propio mundo del trabajo, que fermenta y edifica la identidad del peronismo, es otro mundo.
Señalamos hace un buen tiempo en “Atravesar el desierto” que las estructuras gremiales, políticas y -en menor medida- los movimientos sociales en Argentina han sido influenciadas históricamente por su mayoritaria adhesión a la identidad del peronismo. En simultáneo a esto, vemos como casi todos los proyectos de «modernización» laboral elaborados fuera del peronismo, parecen más una revancha de medio siglo contra el modelo sindical argentino que una hoja de ruta para resolver problemas.
Las organizaciones sindicales siguen teniendo capilaridad, recursos económicos y territoriales. Pueden activar “músculo” para limitar y poner ciertos frenos y reparos al aceleracionismo libertario. Sin embargo su influencia electoral está disminuyendo debido a la desindustrialización y cambios en la naturaleza del trabajo. Encuadran a menos personas dada la fragmentación creciente y los cambios culturales y tecnológicos recientes.
En ese mapa, el sindicalismo argentino sigue siendo la forma más robusta de organización de quienes están dentro del circuito formal, pero ya no alcanza para abarcar, ni de lejos, la totalidad del mundo del trabajo. La informalidad creció como una mancha de aceite y se aferró a la estructura económica argentina .
Este no es un fenómeno estrictamente local, claro. En ningún país del mundo el obrero industrial, sujeto histórico del peronismo, es hoy mayoría. Ni siquiera en China, el “taller global”. Pero hay que hacerse cargo de cómo nuestro país se fue “latinoamericanizando”: aumento del trabajo informal, sin estabilidad, sindicatos ni protección legal, combinado con el auge de la ética freelanzer en las capas más jóvenes. La informalidad ronda el 40 % del empleo total y alcanza alrededor del 37 % de los asalariados, niveles parecidos a los de principios de los noventa pese a décadas de crecimiento intermitente.
En ese universo, buena parte de la población económicamente activa son emprendedores de subsistencia, cuentapropistas y jóvenes pobres. Entre los menores de 24 años, más del 65 % de los asalariados está en negro; entre las mujeres urbanas, la informalidad asalariada ronda el 41,5 % frente al 37,6 % de los varones. No es raro, entonces, que una parte de esa generación haya construido su identidad en la intemperie, enfrentando lo adverso de manera individual. Esos muchachos y muchachas mejoristas que encuentran épica debajo de las piedras por el solo hecho de “manejar sus tiempos”.
En 2012, año clave donde el modelo de acumulación kirchnerista comenzaba a mostrar sus techos operativos, el empleo asalariado privado concentraba la mayoría de los puestos de trabajo. Hoy, esa franja se ha reducido y ha dado paso a la ampliación del universo de changas y rebusques varios que no representan una “nueva economía” para romantizar, sino el inventario de un modelo de descarte que requiere trabajo precario para “funcionar”.
Argentina es, hace bastante tiempo, un país de empresarios ricos, pero con empresas pobres. Un país con sindicatos fuertes -en comparación al resto del mundo-, pero que tiene también a una enorme mayoría de gente que trabaja todos los días fuera del circuito formal. Que intenta, con las herramientas que tiene, formar cooperativas, sostener comedores, reciclar, vender, cuidar, construir. Son parte de la clase trabajadora argentina expulsada del perímetro de los convenios.
Discutir cómo se los reincorpora a la formalidad es lo único que puede superar lo que las visiones neoliberales, de derecha o de izquierda, conciben inconfesablemente como “población sobrante” o “administrable”. Eso implicaría el rearmado de un proyecto industrial que cree trabajo formal y que reconozca a esos trabajadores tal como son hoy, antes de pedirles que encajen en un molde que ya no existe. Sin lo primero, la economía se convierte en una reserva de pobres; sin lo segundo, cualquier modelo de desarrollo es una quimera.
Es imposible que un programa que pretenda representar intereses nacionales pueda llevarse adelante sin incluir a su base social de manera más concreta. Pero para representarla, debe conocerla. Y para conocerla, no alcanza con reuniones y asados con dirigentes, o cafés con miembros de los think thanks multifinanciados que con excelsa precisión metodológica, cartografían los dramas sociales de la Argentina en bellísimos portales online, sino con una actitud que el fragmentado campo nacional debería adoptar transversalmente: salir de la burbuja. No basta con una foto de cuatro dirigentes para una simple operación de cosmética electoral ni con cumplir un checklist de formalidades.
La revisión de la legislación laboral vigente es necesaria debido a sus rigideces, zonas grises e inequidades. Sin embargo, el debate sobre una reforma laboral se vuelve problemático por quién lo lidera, la correlación de fuerzas y la orientación de los cambios. Siendo que fue Juan Perón quien, en términos objetivos, implementó la principal reforma laboral de la historia nacional, es por lo menos extravagante ver a la dirigencia politica peronista actual con la ñata contra el vidrio, tratando de morigerar parlamentariamente los contornos mas regresivos del proyecto, pero sin imaginación política ni unidad de concepción en los grandes temas nacionales para consolidar una alternativo.
Sin embargo, no sería la primera vez que, en un contexto de ajuste y ofensiva “modernizadora”, el mapa sindical argentino se reordena con armados paralelos a la CGT. En los años noventa, mientras el menemismo con su blitzkrieg de ajuste y flexibilización, le metió una patada de full contact en la boca al movimiento obrero argentino, la CGT se fracturó: por un lado, una conducción más integrada al dispositivo gubernamental; por otro, experiencias como la CTA, nacida en 1991 al calor de los gremios estatales y docentes, que intentó construir un sindicalismo “autónomo” de gobiernos y partidos; y el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) de Hugo Moyano, que agrupó a camioneros, ferroviarios y otros gremios enfrentados a las reformas. Durante el macrismo, la Corriente Federal de Trabajadores, junto con sectores de la CGT, la CTA y los movimientos sociales, volvió a ensayar esa lógica de desborde crítico desde adentro y desde los márgenes, y fue un factor central para desactivar la reforma laboral de 2017 antes de que llegara al recinto.
Hoy la ofensiva es más quirúrgica y va directo contra quien se enferma o se pega un palo fuera de horario bajándole el sueldo al 75 o 50% si el patrón considera que la culpa fue de una «conducta riesgosa». Ser argentino y trabajar nunca fue tan riesgoso.
En ese contexto, la CGT acaba de convocar un nuevo paro general mientras el peronismo parlamentario (con sus matices y mezquindades internas) se ve obligado a votar unificado en contra. La huelga general es la carta brava que le queda a la central para demostrar que es la única capaz de apagar la luz que encandila al país.
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